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Diario deportivo de Alicante

Ortiz y Ramírez tomarán el control accionarial del Hércules si se aprueba una argucia financiera

J. A. SOLER / @jasoler65

Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez pasarán a tener el control del Hércules SAD si en la Junta General de Accionistas convocada por sorpresa para el próximo día 30 de junio se aprueba, que se aprobará, “reducir a cero su capital social que asciende actualmente a 23.936.194 acciones”, según consta en el informe emitido por el consejo de administración del club.

Además de proponer la reducción de capital a cero, esto quiere decir que el valor de cada una de las acciones suscritas en su día equivale a nada, también se aprobará dentro de 25 días una simúltanea ampliación de capital por importe de 500.000 euros por compensación de créditos “con las sociedades prestatarias Enrique y Ortiz e Hijos S.A. y Medimotors Gestión S.L.”.

Según el informe de la SAD, esta doble medida de reducción y aumento de capital se propone “para restablecer el equilibrio patrimonial del Hércules, evitando de este modo la disolución obligatoria de la sociedad”. Esta especie de golpe de estado financiero se gestó el pasado 26 de mayo de 2015, apenas dos días después de la celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas. Curioso.

La operación de reducción de capital lleva consigo que las acciones suscritas en 2010 por la Fundación Hércules mediante una ampliación de capital de 18 millones de euros avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas tengan valor cero. De esta manera resultaría imposible una posible pignoración de las acciones por parte de la Generalitat tras asumir un crédito concedido y no pagado por la Fundación para que el Hércules pudiera zanjar la deuda con Hacienda y Seguridad Social, algo que no se hizo ya que el destino de ese dinero continúa siendo un misterio.

Precisamente, esta subvención encubierta está siendo investigada por la Unión Europea que ve indicios de ilegalidad en aquella operación. Con la maniobra de reducción de capital que ha puesto en marcha el Hércules, las consecuencias para los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que siguen sin conocer el paradero de esos 18 millones de euros procedentes de las arcas públicas, resultarían letales. Ramírez

Además, según el informe del consejo de administración firmado por Carlos Parodi, la nueva ampliación de capital tiene por objeto, “además de atender las necesidades económicas inminentes que acucian al club”, cancelar la deuda que la SAD mantiene con las mercantiles Enrique Ortiz e Hijos S.A.  y Medimotors Gestión S. L. por unos préstamos por valor de 120.000 euros y 50.000 euros respectivamente.

Estas cantidades fueron prestadas por Enrique Ortiz en fechas 9 de abril de 2015 (100.000 €) y 12 de abril de 2015 (20.000 €) a las que hay que sumar los correspondientes intereses no especificados en el informe. Por su parte, Juan Carlos Ramírez (Medimotors Gestión S. L. ) hizo un préstamo con fecha 20 de abril de 2015 por importe de 50.000 euros más intereses. Ambas aportaciones sirvieron para cubrir gastos ordinarios del club, salarios de la plantilla y personal no deportivo, pero también serán determinantes para que el control accionarial absoluto del Hércules pase a manos de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez después de la reducción de capital a cero que se hará con el resto de las acciones.

La jugada maestra elaborada por Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez no acaba con la reducción y ampliación simultánea de capital que les asegura el control de la SAD y esquivan un posible pignoración de las acciones por parte del Consell, sino que tiene más objetivos importantes. La tercera pata de la operación sería renegociar el convenio de acreedores con los créditos ordinarios así como con la Agencia Tributaria.

El informe refleja que el Hércules acumula una deuda de 20.635.653 euros, que es la cantidad resultante tras la quita del 50% establecida en el tercer proceso concursal de la SAD en apenas una década. Como las dos ampliaciones de capital previstas en el convenio de acreedores para superar la situación concursal (3.000.000 €) no han cubierto las necesidades de la sociedad tras recaudarse fondos por importe de 750.576 € en la primera fase y tan solo 288 € en la segunda, el Hércules entiende necesario “llevar a cabo otra serie de actuaciones relativas a la renegociación del convenio con los acreedores ordinarios, así como la necesaria renegociación de los convenios suscritos con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social como acreedores privilegiados”.

Este es el plan diseñado por los gestores del Hércules en un momento que coincide con el equipo alicantino jugándose la vida en la promoción de ascenso a Segunda División y en plena transición de poder en las instituciones públicas tras la cita electoral. Una maniobra que llevó al alcalde Gabriel Echávarri a calificar la junta de accionistas como un “fraude de acreedores”.

Es de suponer que algo tendrán que decir el IVF, la Generalitat, la Unión Europea o incluso accionistas como el Estudio Lamela o el mismo Valentín Botella, entre otros, que también compensaron créditos en anteriores ampliaciones de capital. En el caso del prestigioso estudio de arquitectura por el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez cuya factura fue con cargo al Hércules y no al propietario de la instalación -Aligestión Integral- pese a estar obligado a llevar a cabo dicho proyecto,  según consta en el pliego de condiciones establecido en la operación de compraventa de la instalación en mayo de 2007.

 

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