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Diario deportivo de Alicante

La historia del aval del IVF

J. A. SOLER / @jasoler65

El 19 de junio de 2010 el Hércules certificó su último ascenso a Primera División. Un objetivo costoso en el aspecto deportivo pero, sobre todo, a nivel económico. El club llevaba desde 2005, tras abandonar la Segunda División B, con el punto de mira puesto en la élite porque los gestores de la SAD entendían que era el único camino para asegurar la viabilidad de la SAD y rentabilizar su inversión en la entidad blanquiazul y, especialmente, con la compra del estadio.

En las temporadas previas al ascenso el Hércules había acumulado pérdidas superiores a los 30 millones de euros y las deudas con la Agencia Tributaria y Seguridad Social se habían disparado por encima de los 15 millones de euros. Este terrible escenario generado por el afán de llegar a Primera División al precio que fuera provocó que el Hércules tuviera embargados todos sus ingresos. Por ejemplo, los 300.000 euros del traspaso de Miguel de las Cuevas al Atlético de Madrid fueron directamente a las arcas de Hacienda sin pasar por el Rico Pérez.

El Hércules había llegado a Primera División y Enrique Ortiz, en plena celebración del ascenso en el Ayuntamiento de Alicante, manifestó públicamente que “ahora es cuando necesitamos el apoyo de las instituciones”. Tanto el empresario alicantino, entonces máximo accionista del club, y la alcaldesa Sonia Castedo hablaron también de la construcción de un nuevo estadio.

Apenas diez días de ese momento de éxtasis, el 30 de junio de 2010, se celebró una junta del consejo de administración del Hércules para acordar una ampliación de capital por un importe máximo de 30.647.088 euros. Esta era la previsión inicial del club para hacer frente a la deuda con la administración pública y al mismo tiempo disponer de un colchón económico suficiente para afrontar con garantías la andadura del equipo en Primera División.

Esta ampliación de capital quedó reducida finalmente a 17,4 millones de euros y tendría que suscribirse a través de la Fundación Hércules de Alicante, órgano que pasó a convertirse en el máximo accionista de la SAD en lugar de Aligestión Integral S.L. Las acciones suscritas estuvieron afectas en garantía real a favor del Instituto Valenciano de Finananzas como entidad avalista del préstamo que por importe de 18 millones de euros suscribió la Fundación el 26 de julio de 2010 con la CAM, teniendo estipulado su vencimiento el 26 de julio de 2015.

Aunque la ampliación de capital no quedó ratificada hasta el 9 de mayo de 2011 con el Hércules prácticamente descendido en Primera, el club no utilizó meses antes los 18 millones de euros del aval para saldar la deuda con Hacienda y Seguridad Social. Ante ello, las administraciones públicas embargaron los bienes patrimoniales de los consejeros que dimitieron en bloque en septiembre de 2011, unos días antes de la gesta en el Camp Nou.

Solo Valentín Botella y Juanjo Huerga permanecieron en el cargo. Su vinculación accionarial a Aligestión, sociedad propietaria del estadio Rico Pérez, y unos préstamos participativos suscritos con la SAD les mantuvo atados al consejo de administración. Enrique Ortiz, que gestionaba pero no figuraba oficialmente en ningún puesto directivo, quedó libre de embargos.

Sin embargo, pronto vio que las previsiones de ingresos institucionales no daban para pagar sus delirios de grandeza. Ni siquiera para liquidar con Hacienda que tenía bloqueados los millonarios derechos televivos en Primera División. Ortiz buscó a alguien que desbloqueara la situación para poder hacer frente a los pagos con la plantilla. Antonio Fernández Valenzuela rechazó la propuesta y Miguel Campoy se subió a un barco que hacía aguas por todas partes.

Tres años después, el IVF tuvo que asumir como avalista el préstamo de 18 millones ante el incumplimiento en los pagos por parte de la Fundación Hércules de Alicante. El organismo dependiente de la Generalitat ntentó embargar el estadio rico Pérez que fue presentado por Aligestión como garantía para la concesión del aval. Y ahora la Unión Europea investiga si hubo o no alguna irregularidad o irresponsabilidad en la aprobación y uso posterior de estas subvenciones encubiertas.

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