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Diario deportivo de Alicante

La acción del responsable

J. A. SOLER / @jasoler65

Mal deben ver el asunto de la ampliación de capital en el Hércules para recurrir a la afición y a la sociedad alicantina con el fin de cubrir un proceso de obligado cumplimiento tras el convenio de acreedores firmado hace un año por Jesús García Pitarch, el mismo que prohibió este domingo el acceso al palco de La Romareda a la cúpula directiva blanquiazul.

Hace 20 años, un lustro antes de la aparición de Enrique Ortiz en el Rico Pérez, el Hércules inició un complejo proceso de transformación en SAD. La nueva Ley del Deporte exigía entonces que los clubes profesionales tenían que convertirse en sociedades anónimas y la entidad alicantina, si no quería ser descendido a Segunda B, tuvo que cubrir un capital social de 514 millones de pesetas (3 millones de euros). Hubo muchos alicantinos y herculanos que adquirieron acciones a 10.000 pesetas cada una (60 euros), pero la respuesta popular fue insuficiente ya que apenas cubrió un 20% del capital.

La directiva que presidía Aniceto Benito tuvo que hacer filigranas para completar el 80% de capital restante. El club tuvo que recurrir a canjear deuda por acciones con la CAM y otras maniobras rocambolescas para llegar a los 514 millones. Finalmente, y tras una prórroga de seis meses concedida por la comisión mixta, el Hércules pudo reunir la cantidad exigida para convertirse en SAD.

Ahora es diferente. La actual ampliación de capital de 1,5 millones de euros no es una exigencia de la ley, sino un peaje por una pésima gestión económica que ha llevado al Hércules a tres procesos concursales en una década y que tiene un responsable. Está claro que el herculano de corazón estará siempre al lado de su equipo, pero la primera acción debe partir de quien haya originado esta situación. Es el mismo que contrató a García Pitarch tras escuchar cantos de sirena en forma de fondos de inversión en cuestión de fichajes.

Y entre los primeros accionistas del Hércules, entre los que nos encontramos, no cuela que disfracen un castigo producto de una gestión irresponsable (ampliación de capital) con la idea de abrir el accionariado a toda la sociedad alicantina. De hecho, hace justo dos meses emitió un comunicado rectificando a su propio presidente tras sugerir inicialmente lo que ahora han vuelto a plantear. Quedan diez días para que finalice el plazo establecido y si todavía no está claro quién debe pasar a la acción es que esto no tiene solución.

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