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Diario deportivo de Alicante

Asuntos que chirrían en la ampliación de capital del Hércules

J. A. SOLER / @jasoler65

Los dirigentes del Hércules siguen sin tomarse en serio el verdadero problema del club. Un problema que nada tiene que ver con que el equipo de Pacheta ofrezca mejores o peores sensaciones, ni siquiera sobre si el balón entra más o menos. El auténtico problema de la SAD sigue siendo el cumplimiento de un leonino convenio de acreedores procedente de una monstruosa deuda generada durante los años de gestión de Enrique Ortiz. Eso es lo que tiene atado de pies y manos al club desde hace casi un lustro.

Porque ese convenio obliga a la entidad a cumplir con los pagos a todos los acreedores así como acometer ampliaciones de capital en dinero contante y sonante por importe de tres millones de euros. Tanto el presidente Carlos Parodi como Juan Carlos Ramírez, dirigente del club sin cargo oficial, han reiterado en diversas ocasiones durante los últimos meses que no existía obligación de recapitalizar la sociedad mientras se fuera cumpliendo con los acreedores.

Debieron hacer una interpretación “sui generis” del asunto porque el convenio de acreedores firmado hace justo dos años refleja claramente el inedudible compromiso del Hércules CF SAD de acometer un aumento de su capital “de carácter  dinerario por un importe mínimo de 3.000.000 de euros que deberá ser desembolsado en un importe de 1.500.000 € antes del 31 de enero de 2014 y el restante 1.500.000 € antes del 31 de enero de 2015”. Como únicamente se cubrieron 750.000 euros en la primera fase, los casi 2.400.000 € que restan para cubrir esta exigencia del convenio se convierten en el partido más importante de la entidad en los próximos dos meses.

Quedan pendienten de cobro las cantidades procedentes de la demanda interpuesta al Consell por el convenio de patrocinio, si bien no parece fácil que antes del 31 de enero el Hércules perciba lo que reclama para recapitalizar la sociedad. Y es que en el fondo del problema aparece otro frente abierto desde la Unión Europea por el aval de 18 millones de euros concedido a la entidad alicantina por el Instituto Valenciano de Finanzas. En Bruselas están convencidos de que aquella ayuda fue ilegal por lo que si hay fallo en este sentido, la bola se haría tan grande que no cabría en el estadio Rico Pérez, instalación que Aligestión aportó como garantía para la concesión del aval. Toda una madeja financiera de la que no se sabe como saldrá el Hércules, si es que puede escapar.

Mientras tanto, las autoridades municipales miran para otro lado a pesar del irreparable daño a la imagen de Alicante que provoca uno de sus símbolos. Ni siquiera preguntan al bocas, como ha definido la alcaldesa a Enrique Ortiz, cómo es posible que la factura impagada de un obligado proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez aparezca como deuda canjeada en acciones de la SAD cuando en el contrato de compraventa de la instalación el Ayuntamiento de Alicante exigía al comprador (Aligestión Integral SL) dicha reforma.

En este caso, al vendedor no le chirría que el inquilino asuma las obligaciones del propietario. Un motivo más que suficiente para que el Consistorio, anterior dueño del estadio, se preocupe por la gestión económica de un emblema de la ciudad. Especialmente porque a cualquier abogado si le chirría un asunto como el de Lamela, accionista blanquiazul por accidente (impago) por una factura que debía figurar a nombre de quién estaba obligado a encargar el proyecto de reforma del estadio. Y ese no es el Hércules. Es el bocas, como diría Sonia Castedo.

 

 

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